Consideramos que es de su interés saber que se ha aprobado la Ley 2/2026, de 29 de julio, de modificación del Real decreto legislativo 8/2015, de 30 de octubre, por el cual se aprueba el texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social en relación con las mutualidades alternativas, publicada al #BOE de 31/07/2026. Esta información está destinada a Profesionales colegiados de mutualidades alternativas al Régimen General, puesto que  supone mejora de prestaciones, nueva cuota y pasarela voluntaria al régimen general de la Seguridad Social

1. Objetivo

La norma revisa el régimen de las mutualidades de previsión social que actúan como alternativa en el alta al RETA para determinados profesionales colegiados como arquitectos, abogados, médicos y otros profesionales el colegio de los cuales optó históricamente por una mutualidad en lugar de la Seguridad Social. El objetivo declarado en el preámbulo es corregir las situaciones en que la protección ofrecida por estas mutualidades ha estado, a la práctica, inferior a la que se habría obtenido al RETA.

Las novedades se concentran en tres ejes:

• Elevar los mínimos de protección económica que tienen que garantizar las mutualidades.
• Abrir una «pasarela» voluntaria y excepcional para transferir a la Seguridad Social los derechos acumulados a la mutualidad.
• Reforzar la transparencia y la supervisión de estas entidades.

2. Encuadre de los profesionales colegiados

Equiparación de los derechos generales de los mutualistas. Los mutualistas que opten o hayan optado por la mutualidad de previsión social que pueda haber establecido el colegio profesional correspondiente como sistema alternativo al alta al #RETA tendrán los mismos derechos y obligaciones que el ordenamiento jurídico, en conjunto, reconozca a los trabajadores por cuenta propia o autónomos, siempre que su financiación no esté estrictamente vinculado a las cotizaciones a este régimen especial.

3. Mejora de las prestaciones mínimas garantizadas

El apartado 2 de la disposición adicional 19.ª del TRLGSS eleva de manera sustancial los umbrales mínimos de protección:

• Prestación en forma de renta: el mínimo garantizado aumenta del 60% al 100% de la cuantía mínima inicial de la pensión equivalente de la Seguridad Social o, si es superior, del importe de las pensiones no contributivas.
• Actualización anual obligatoria: estas prestaciones se tendrán que actualizar en los mismos términos que las pensiones del sistema público.
• Prestación en forma de capital: no podrá ser inferior al importe capitalizado del mínimo de renta; se especifica expresamente que el cálculo se tiene que efectuar «en el momento de su devengo».
• Cuota mínima: la cuota que exime de la obligación de garantizar una cuantía mínima pasa del 80% de una cuota mínima general fija al 100% de una cuota calculada según los rendimientos netos del mutualista, siguiendo una lógica de tramos análoga a la del #RETA. Así, la exigencia queda vinculada a la capacidad económica real del profesional.
• Cuota reducida para nuevos autónomos: se incorpora la prevista en el artículo 38 ter de la Ley 20/2007 cuando sea aplicable.
• Información fiscal: la Agencia Tributaria tendrá que facilitar telemáticamente a las mutualidades la información necesaria para calcular la cuota en función de los rendimientos netos de cada mutualista.

4. Calendario transitorio del incremento de la cuota (2026-2028)

La nueva disposición transitoria 46.ª del TRLGSS escalona la aplicación llena de la cuota para evitar que el 100% se exija de manera inmediata:

5. La «pasarela»: transferencia voluntaria de derechos a la TGSS

La nueva disposición transitoria 47.ª del TRLGSS crea, por primera vez, una vía para abandonar la mutualidad alternativa y #integrar al #RETA, trasladando el valor económico acumulado:

• Personas que pueden solicitarla: profesionales colegiados que estén o hayan estado en una mutualidad alternativa acogida al régimen del tercer párrafo de la disposición adicional 18.ª.1, es decir, las constituidas antes del 10 de noviembre de 1995.
• Plazo: un año desde la entrada en vigor del reglamento de despliegue. Este reglamento todavía está pendiente de aprobación y se tiene que dictar en el plazo máximo de tres meses desde la aprobación de la ley.
• Exclusión: no pueden solicitarla las personas que ya sean pensionistas de un régimen público o de la misma mutualidad, salvo que perciban una pensión de viudedad.
• Conversión: los derechos económicos se transformarán en periodos cotizados al RETA aplicando en la base mínima que habría correspondido un coeficiente de mejora de entre 0,67 y 0,87, con el fin de reflejar que la mutualidad no cubría todas las contingencias del #RETA.
• Cómputo a efectos de jubilación, regla general: las personas que iniciaron la actividad antes del 10 de noviembre de 1995 obtendrán, mas a mes, un cómputo íntegro -un mes a la mutualidad equivaldrá a un mes de alta al RETA- a efectos de determinar el porcentaje aplicable en la base reguladora.
• Cómputo a efectos de jubilación, regla adicional por edad: con independencia de la fecha de inicio de la actividad, los mutualistas que el 31 de diciembre de 2026 tengan 52 años o más también obtendrán este cómputo íntegro mes a mes. Por lo tanto, hay que revisar en cada caso si el cliente accede por una vía, por la otra o por las dos.
• Efectos: la transferencia comportará el encuadre obligatorio e irreversible al #RETA para aquella actividad y estará exenta de tributación por cualquier operación económica que se derive.

6. Transparencia y supervisión reforzadas

• Nueva obligación semestral: las mutualidades alternativas tendrán que elaborar un informe con toda la información relevante sobre los fondos de los mutualistas y su evolución. El informe tendrá que incluir el valor actual actuarial de la renta inicial, calculado con criterios contrastables y equitativos, así como las operaciones el coste de las cuales pueda recaer sobre los mutualistas.
• Supervisión continuada: tendrán que remitir a la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones (DGSFP) la documentación necesaria para la supervisión continuada, incluidos los estados financieros, el análisis económico-financiero, el cumplimiento normativo y la solvencia.
• Mandato adicional en el Gobierno: la disposición adicional segunda de la ley establece que, en el plazo de un año, se tendrán que aprobar las reformas normativas necesarias para reforzar todavía más las garantías de transparencia, información, supervisión y control.

7. Evaluación futura del régimen

Se introduce una disposición adicional que obliga el Gobierno a remitir a las Cortes Generales, antes del 31 de diciembre de 2030, un informe de evaluación sobre el funcionamiento del régimen de alternativitat. El informe se centrará en la efectividad del nuevo sistema de cotización según los ingresos reales y en la equiparación de cuotas entre las mutualidades y el #RETA.

Este informe podrá servir de base para mantener, revisar o reformar el sistema.

8. Convenio especial para antiguos mutualistas

Esta medida se dirige a los profesionales colegiados que dejaron una mutualidad alternativa antes de que esta implantara el sistema de capitalización individual y que no llegan a los quince años de cotización en el sistema de la Seguridad Social.

Estos profesionales podrán subscribir, una sola vez, un convenio especial que los permitirá hacer constar como cotizados determinados periodos de actividad profesional anteriores a su baja en la mutualidad, con un límite máximo de cinco años.

Esta posibilidad puede ser especialmente útil para las personas que necesitan completar el periodo mínimo de cotización exigido para acceder a una pensión contributiva de jubilación.

De momento, pero, el convenio todavía no se puede tramitar, puesto que el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones tiene que concretar el plazo para solicitarlo, los requisitos, el procedimiento y, si procede, las cuotas o cantidades que se tendrán que abonar.

9. Entrada en vigor y estado actual

• Entrada en vigor: la ley entrará en vigor el 1 de agosto de 2026, el día siguiente de la publicación al Boletín Oficial del Estado 31/12/2026.
• Reglamento de la «pasarela»: el reglamento de despliegue de la disposición transitoria 47.ª se tendrá que aprobar en el plazo máximo de tres meses desde la aprobación de la ley.
• Otros desarrollos pendientes: el convenio especial de la disposición adicional primera y las reformas de transparencia de la disposición adicional segunda —con un plazo de un año— también dependen de un despliegue normativo posterior.